Más allá de las posturas personales, debates o dilemas éticos que el tema genera en la sociedad, las leyes vigentes en un Estado de derecho se tienen que cumplir.
En Argentina, la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines de 2020, regula el derecho a acceder a esta práctica de manera segura y gratuita en el sistema de salud.
Bajo este contexto, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Conurbano Norte organizó un encuentro para denunciar que en los hospitales municipales de San Isidro existen obstáculos institucionales para acceder al aborto legal.
En el encuentro, que se realizó en la sede de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), participó Amnistía Internacional, organización que presentó una acción judicial por la existencia de un protocolo local para la atención de solicitudes de interrupción del embarazo que funciona como barrera para el acceso al derecho de la interrupción voluntaria del embarazo.
Según se informó en el encuentro, en San Isidro está todo preparado para que no se realicen abortos, de hecho, no se ha realizado ninguno y las mujeres que desean hacerlo se atienden en hospitales de municipios vecinos.
Funciona en el hospital Materno Infantil un consultorio llamado Maternidades Vulnerables donde sostienen que se desinforma sobre la práctica del aborto con el objetivo de generar miedo, culpa y cuestionar las decisiones de las usuarias para persuadirlas para que cambien de opinión.
Esta situación se da también en el municipio de San Miguel, distrito donde vive el secretario de Salud de San Isidro, Pablo de la Torre.